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Sumario nº 71
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BERTA CHULVI
El pasado 12 de noviembre, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) informó en su web de la finalización de la revaluación del glifosato, indicando que esta sustancia no debe ser clasificada ni como cancerígena ni como mutágena, y posicionándose en contra del criterio de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El catedrático de Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández, Ildefonso Hernández Aguado, analiza la situación actual a partir de este caso.

¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de la posición de la EFSA?

La consecuencia inmediata del informe de la EFSA es la ampliación provisional de la autorización del uso del glifosato hasta junio de 2016, en espera de la autorización definitiva y por un periodo de diez años por parte de la Comisión Europea, algo que, lamentablemente, parece inevitable.

¿Cómo es posible que el criterio de la EFSA no coincida con el de la IARC?

Lo que ocurre con la EFSA en relación al glifosato no es una novedad. La EFSA ha sido una agencia que ha estado en el punto de mira de la comunidad científica y las organizaciones sin ánimo de lucro, precisamente por asuntos de conflictos de interés y puertas giratorias. Ha sido escandalosa la gran cantidad de veces que miembros de los comités de expertos de la EFSA, o incluso coordinadores de dichos comités, han pasado a formar parte de los consejos de administración de las industrias químicas o a los institutos de investigación financiados por las industrias químicas. Es más, el comité de dirección de la EFSA ha estado formado por personas que provenían directamente de la industria química.

¿Y cómo ha operado la EFSA con el tema concreto del glifosato?

La autorización de uso del glifosato en la Unión Europea finalizaba el 31 de diciembre, razón por la cual se abrió el proceso de renovación de dicha autorización. El trámite de este proceso incluye la elaboración de un informe por parte de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que designa a un Estado miembro para realizar un informe previo de revaluación. En el caso del glifosato el Estado elegido fue Alemania, que encargó a su Instituto Federal de Evaluación de Riesgos (BfR) dicho informe previo. El problema es que el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos alemán ha encargado la selección de los informes toxicológicos que luego han evaluado a un grupo de trabajo de glifosato que está formado por expertos de Monsanto y un consorcio de compañías químicas que incluyen, por ejemplo, a Syngenta de Reino Unido y Dow de Italia. En esa selección han excluido la gran mayoría de informes que ha tenido en cuenta la Agencia Internacional del Cáncer, dependiente la OMS, cuando declaró cancerígeno el glifosato. La excusa que han puesto es que eran estudios epidemiológicos que analizaban el producto tal y como se vende y no el producto puro proporcionado por Monsanto. ¿Por qué rechazan los estudios que analizan el producto tal y como se está echando en las calles y en los campos? Porque los han realizado equipos independientes. Rechazan estos estudios y, sin embargo, han aceptado otros que no han pasado por la revisión por pares, el mecanismo básico que hay en ciencia para verificar la calidad de una investigación antes de que se publique en una revista científica, es decir, una revisión crítica por parte de científicos independientes que dicen si ese trabajo está bien fundamentado o no. La selección de estudios toxicológicos está sesgada y corrompida desde la base. Otro dato muy sospechoso es que no hay autores que firmen el estudio. Estamos en una situación absurda: no puede ser que una agencia europea acepte que el país que te envía el informe lo haga de una forma tan chapucera y con tan poca apariencia y fondo de independencia.

¿Cómo hemos llegado a la situación actual?

Estamos ante una situación que desgraciadamente no es nueva y que podemos definir como “captura de los reguladores”. Es decir, los organismos reguladores de las políticas energéticas, químicas, bancarias, económicas etc., han sido capturados por las industrias a las que regulan. Captura quiere decir que en lugar de proteger el interés general defiende los intereses de una parte. Ese proceso se ha producido por diversos mecanismos. Lo que describimos como captura intelectual, que se produce por ejemplo financiando unas investigaciones y no otras. La captura directa, que se produce porque se ofrece a las personas que están en esos organismos unas rentas diferidas, mediante un puesto de trabajo bien remunerado cuando salgan de las agencias reguladoras, algo que esas personas aceptan. Lo estamos viendo en la misma Comisión Europea: una cantidad no despreciable de comisarios cuando han dejado de gobernar en 2014, han ido a parar a las empresas sobre las cuales han tomado decisiones.

Si esto está ocurriendo es que hay un déficit importante en el control democrático de esas instituciones.

Efectivamente, hay una distancia democrática en Europa. Las poblaciones no están cerca de lo que ocurre en las instituciones. Los procedimientos por los que rinden cuentas las instituciones europeas son débiles desde el punto de vista democrático, a pesar de que hay un Parlamento Europeo. Desgraciadamente este Parlamento está copado por dos partidos que son muy considerados con los grandes intereses. Es cierto que, en 2012, el Parlamento Europeo pospuso el presupuesto de la EFSA hasta que se resolvió un problema de conflictos de intereses. Pero hay que decir que, recientemente, la EFSA ha sido acusada de contratar a científicos que estaban trabajando en una spin off de una universidad totalmente financiada por la industria. La EFSA se defendió diciendo que si no puede contratar a universitarios, ¿qué va a hacer? Claro, hay universitarios independientes, pero estos que contrató la EFSA están financiados en parte o totalmente por la industria. En fin, que si no hay un movimiento muy fuerte que exija la rendición de cuentas va a ser difícil cambiar la situación actual. Además, todo esto sucede con impunidad porque la mayoría de medios de comunicación están también capturados: no vamos a ver críticas a la gran industria química en ningún gran medio de comunicación.

La situación no es muy esperanzadora, ¿hay algún indicio positivo?

Hay algunas buenas noticias. Hay grupos u organizaciones como el Corporate European Observatory, la Alianza por la Transparencia de los Lobbies y la Regulación Ética (ALTER-EU), Test Biotech y otras organizaciones no gubernamentales que se nutren de donaciones, que están haciendo vigilancia y van denunciando los conflictos de intereses y las estrategias de la industria. Precisamente, la EFSA está en todas las páginas de estas organizaciones. El señor Cañete, también es una de las estrellas en estas páginas.

¿Qué es el glifosato y cuáles son sus efectos?

El glifosato es un herbicida no selectivo y de amplio espectro, desarrollado para eliminación de hierbas, malezas y arbustos. Ejerce su acción herbicida mediante la inhibición de la enzima EPSPS, responsable de la formación de los aminoácidos aromáticos indispensables para el crecimiento de las plantas. Fue sintetizado en 1950, pero hubo que esperar hasta 1970 para que se descubriera su actividad herbicida en los laboratorios de Monsanto. La multinacional agroquímica patentó el compuesto y la marca Roundup, la más conocida a nivel mundial, aunque la patente del glifosato expiró en 2000 y actualmente se fabrica y comercializa por diferentes empresas y bajo múltiples denominaciones comerciales. Su eficacia para eliminar la vegetación, la facilidad para su aplicación, su bajo coste de fabricación y el desarrollo por parte de Monsanto de variedades transgénicas de soja y otros cultivos resistentes al glifosato, lo han convertido en el herbicida más utilizado en el planeta.

El debate sobre la posible toxicidad del glifosato viene de lejos. La industria y organismos oficiales de Europa y Estados Unidos lo consideran de baja toxicidad, y a pesar de su clasificación como peligroso para el medio ambiente y tóxico para los organismos acuáticos se encuentra entre los pesticidas autorizados por la Comisión Europea. Sin embargo, numerosos estudios científicos alertan de posibles efectos sobre la salud humana: neurotóxico, como disruptor endocrino, tóxico para la reproducción, mutágeno y cancerígeno. En marzo de 2015, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer lo incluyó en su listado de agentes cancerígenos con la categoría 2A (probable cancerígeno en humanos) al existir pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos para el linfoma no Hodgkin en estudios de exposición de trabajadores agrícolas de EEUU, Canadá y Suecia publicados desde 2001 y pruebas convincentes de causar cáncer en investigaciones realizadas en animales de laboratorio.

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